Un grupo transversal de diputados presentó un proyecto de ley que modifica la Ley de Control de Armas para endurecer las sanciones contra quienes comercialicen, distribuyan, porten o utilicen fuegos artificiales de manera ilegal, además de fortalecer las facultades de fiscalización de los inspectores de seguridad municipal.
La iniciativa fue ingresada por la diputada Claudia Mora junto a parlamentarios de distintas colectividades, entre ellos César Valenzuela, Irací Hassler, Támara Ramírez, Ximena Ossandón, Eduardo Durán y Mario Olavarría, quienes coinciden en que el uso de estos artefactos dejó de ser un problema aislado para convertirse en una práctica asociada al narcotráfico y al control territorial ejercido por organizaciones criminales.
El proyecto propone aumentar las penas actualmente vigentes, elevándolas desde presidio menor en su grado máximo, que contempla entre tres años y un día y cinco años de cárcel, a presidio mayor en su grado mínimo, con sanciones que van desde cinco años y un día hasta diez años de prisión.
Además, incorpora agravantes especiales cuando estas conductas se produzcan en las cercanías de establecimientos educacionales, centros de salud o durante velorios y funerales, contextos donde las penas podrían aplicarse en su máximo grado.
Junto con el aumento de las sanciones, la propuesta entrega nuevas atribuciones a los inspectores municipales, permitiéndoles fiscalizar infracciones vinculadas a estos elementos, retenerlos preventivamente y ponerlos a disposición de las policías para facilitar su decomiso.