Los diputados de la UDI Jorge Alessandri y Guillermo Ramírez anunciaron una eventual acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, si el Gobierno insiste en mantener la denominada “ley de amarre” dentro del proyecto de reajuste del sector público. Desde el gremialismo acusaron que la norma busca asegurar empleos a operadores políticos de la actual administración.
La ofensiva, sin embargo, generó reparos incluso dentro de la oposición. Parlamentarios de RN, Republicanos y el PDG cuestionaron la oportunidad y viabilidad de una acusación constitucional, señalando que el proyecto difícilmente contaría con los votos necesarios y que este tipo de herramientas no debieran usarse como presión política.
Desde el oficialismo, el diputado del Frente Amplio, Diego Ibáñez, salió al paso de la amenaza de la UDI, calificándola como un uso no democrático del mecanismo de acusación constitucional. El parlamentario sostuvo que, si no están de acuerdo con la norma, corresponde rechazarla en el Congreso y no recurrir a este tipo de acciones.
La polémica se origina luego de que el ministro Grau confirmara que el Ejecutivo reingresará la norma que establece mayores exigencias para el despido de funcionarios a contrata, permitiendo la revisión de los actos administrativos por parte de Contraloría. El Gobierno ha defendido la medida como una forma de evitar arbitrariedades, mientras la oposición insiste en calificarla como un “amarre” previo al cambio de administración.