El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Aguilar Brevis, dictó el primer procesamiento por adopciones ilegales ocurridas entre 1970 y 1990 en Chile. La medida incluye una solicitud de extradición a Israel para la exjueza Ivonne Gutiérrez Pávez, acusada de participar en una red que habría facilitado la entrega de menores a matrimonios extranjeros, a cambio de pagos que llegaban hasta los 50 mil dólares.
Entre los cinco procesados, todos con prisión preventiva, figuran también un exfuncionario judicial, una asistente social y otros colaboradores. A todos se les imputa asociación ilícita, sustracción de menores y prevaricación dolosa. Según la investigación, los niños eran entregados en adopción mediante documentos falsificados o presiones a madres vulnerables, muchas de ellas adolescentes o sin escolaridad.
En el caso de Gutiérrez Pávez, se le acusa de autorizar rápidamente la salida del país de menores y de redactar documentos de renuncia a la maternidad que las madres difícilmente habrían podido entender o escribir. En uno de los hechos relatados, una niña fue recuperada por su madre con ayuda de Carabineros tras haber sido entregada para adopción ilegal.
La red habría operado principalmente en San Fernando durante los años ochenta y estaba integrada por jueces, abogados, sacerdotes y funcionarios públicos, con vínculos en Santiago. Según el fallo, existían oficinas específicas donde se tramitaban los documentos para concretar estas adopciones internacionales.
El ministro Aguilar pidió la extradición de la exjueza amparado en un tratado vigente desde este domingo, aunque advierte que el trámite requerirá colaboración de Israel, país donde reside Gutiérrez y con el que actualmente Chile mantiene relaciones diplomáticas tensas.